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En una ronda de opiniones sobre la presentación del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe en el congreso provincial, donde se vieron reflejados por primera vez los números sobre suicidios, comentaron que hace dos años habían consultando desde un grupo de investigación académica sobre esas cifras y la respuesta del MPA fue bajarle el precio al fenómeno porque se trataba de una muerte violenta pero con el autor explícito. Se valoraba en la ronda que se ponga sobre la mesa el dato y que a partir de ahí, se pueda trabajar en estudiar el estado de situación. Una lectura un poco más cínica puede pensar que con la violencia lesiva del narcomenudeo encapsulada en un sector social y en puntos territorialmente focalizados, correr la mirada hacia una problemática social que conmueve es parte de los objetivos.
Vamos con el informe bianual sobre la aplicación de la ley de microtráfico que desfederalizó el comercio minorista de drogas y permitió un accionar más dinámico en la persecución penal provincial. La presentación se hizo en el contexto de la disputa con los jueces de las cámaras de apelaciones de Santa Fe y significó una reivindicación de las competencias locales para investigar estos delitos.
El trabajo abunda sobre toda esa información que es necesaria además de los índices que todos los meses vamos conociendo de la mano del Observatorio de Seguridad Pública. Siempre sostuvimos que esos números marcan tendencias, son un termómetro, pero que no explican nada del asunto en sí. En términos orgánicos se destacan la creación del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico y de la Unidad Fiscal Especializada, ambos dependientes de forma directa de la Fiscal General, María Cecilia Vranicich. Como forma de trabajo se diferencia entre acciones proactivas, que surgen de la iniciativa del MPA, y reactivas, que provienen de denuncias, flagrancias y demás.
Dentro del campo de la proactividad, se establece la articulación con el Poder Ejecutivo que produce análisis, hace actuar a las fuerzas de seguridad e “identifica PVE (puntos de venta de estupefacientes) priorizados”. Resulta problemático que sea el gobierno el que prioriza entre puntos de venta para ser investigados, con todo lo que eso significa, por la historia reciente de Rosario, con actores que volvieron al territorio para ser reguladores y entre miles de denuncias de vecinos que merecen respuestas.
Es muy significativo el crecimiento año a año de los llamados al 911 y habla del impacto en la sociedad del discurso securitario del gobierno provincial y una mayor confianza en el accionar de la justicia. Desde Rosario llegaron a la línea de comunicación más de 9500 llamadas durante el 23, 24 y 25 para reportar hechos ilícitos.
En su mayoría son denuncias por comercialización que se producen en un domicilio particular (42%) o en la vía pública (38%), quedando muy rezagada la modalidad delivery (2%). El subregistro se debe obviamente a la dificultad de percibir la actividad de un transporte a domicilio de sustancias, pero pospandemia el bunker es un dispositivo casi en desuso para el narcomenudeo, virando la venta a los domicilios particulares en zonas más acomodadas donde se pasa a buscar o el uso de aplicaciones de movilidad/comida.
Se imputaron por microtráfico en Santa Fe, en el período analizado, 2831 personas, de las cuales el 87% se lo hizo por comercialización. Las condenas logradas fueron para 422.
El informe destaca principalmente la superposición entre la comercialización de drogas y la violencia lesiva, mostrando la efectividad de apuntar a ciertos territorios para atacar la venta y así bajar los homicidios. El trabajo sobre determinados barrios de Rosario muestra que se siguen produciendo balaceras, intimidaciones con portación y se detienen personas armadas pero no se ejecutan las muertes. “Los Menores” son mencionados en tres oportunidades y “Los Monos” solamente en una, en una sucesión de casos testigos del trabajo del MPA sobre el final de la presentación.
En una nota muy acertada (que no pude volver a encontrar para dejar linkeada), el periodista de Rosario 3, Marcos Cichirillo, planteaba que en todos los proyectos que hay para la costanera se debaten cosas mucho más importantes que licitaciones y obras. Se discute poder. Ese que está sobre las espaldas del intendente Javkin e hizo que durante su gestión todas y cada una de las reformas normativas en materia de planificación y urbanismo sean para las desarrolladoras, las constructoras y los estudios que participan del juego de alto vuelo.
El poder que detentan es mucho y sustancialmente menor el beneficio socio-económico para la ciudad. Aún así, se puede notar que la presión empieza a afectar a las opciones opositoras dentro del Concejo, que poco a poco han ido acompasando el sentido de su voto, como marca el teorema de Baglini. Fue llamativo el silencio de Monteverde en la comisión de planeamiento que comenzó a debatir el expediente por la excepción para la altura permitida en el inmueble de Av. Belgrano.
La trampa es analizar el proyecto como una excepción, cuando la alteración permanente de la regla termina haciendo de facto una nueva y encima deja la ventana abierta para que los afectados por el cumplimiento de la misma, puedan reclamar y conseguir la misma salvedad.
Llegamos a las 100 ediciones de dos/en/la/ciudad y nos gustaría multiplicar el esfuerzo para llegar a más rosarinos y rosarinas. Abrimos un canal de whatsapp, donde vamos a compartir las notas, para los/as que prefieren esa forma de comunicación al mail. Como siempre, nos ayudan pasándole el link de las notas que leen a un amigo o enemigo, todo suma, y si quieren colaborar, tienen las opciones acá abajo.
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